Rabat, Marruecos. Ene 22, 2023, (MAP).- El Reino de Marruecos condenó hoy las alegaciones infundadas contenidas en la resolución del Parlamento Europeo (PE) del jueves 19 de enero de 2023. En un comunicado, el Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ) expresó que este dictamen contiene “graves acusaciones y alegaciones que perjudican a la independencia del poder judicial”.
El organismo oficial señaló que tergiversan los hechos y siembran dudas sobre la legalidad y legitimidad de las procedimientos judiciales iniciados respecto a casos, algunos de los cuales han sido juzgados y otros en trámite, precisó el comunicado leído por Mustapha Libzar, secretario general del CSPJ.
“El Consejo lamenta esta desnaturalización de los hechos en el marco de juicios que tuvieron lugar de conformidad con la ley, con pleno respeto de las garantías
constitucionales y de las condiciones de un juicio justo reconocidas a nivel
internacional”, indicó el titular de la CSPJ.
Asimismo, denunció enérgicamente el enfoque del Parlamento Europeo que ha
asumido el derecho a juzgar la justicia marroquí de manera flagrante y parcial,
“perjudicando a las instituciones judiciales del Reino y sin tener en cuenta su
independencia”, prosiguió la misma fuente.
El Consejo expresa así su rechazo categórico a cualquier injerencia en el poder judicial o intento de influir en sus decisiones, sobre todo porque algunos de los casos mencionados aún están ante los tribunales.
“Esto contradice todas las normas y reglas internacionales, en particular los principios y declaraciones de las Naciones Unidas relativas a la independencia de la justicia”, destacó Libzar.
De igual manera, el Consejo denunció enérgicamente el contenido de esta resolución, que alienta a ejercer presión sobre el poder judicial para la liberación inmediata de las personas que ha mencionado y a la vez explicó que “esto perjudica gravemente la independencia del poder judicial y constituye un intento de influir en ella, mientras que algunos casos aún están ante los tribunales”.
Por otra parte, el Consejo rechazó las alegaciones mencionadas en la resolución,
inspiradas en ciertas fuentes conocidas por sus posiciones dogmáticas sin tener
pruebas y datos comprobados y que, además, son refutadas por los hechos.
El Consejo recalcó que las personas mencionadas en la resolución se han beneficiado de todas las garantías de un juicio justo y equitativo previstas en la ley, incluyendo la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el acceso a todos los documentos, una audiencia presencial pública, citación de testigos y su interrogatorio, recurso a la pericia judicial, y vías de recurso, entre otras garantías establecidas por la ley marroquí, según lo estipulado en las convenciones internacionales de derechos humanos ratificadas por el Reino.
El Consejo recordó que los casos objeto del enjuiciamiento de las personas citadas en la resolución del Parlamento Europeo no están vinculados en modo alguno a la actividad periodística o al ejercicio de la libertad de opinión y de expresión, que están garantizados por la legislación marroquí y la Constitución.
De hecho, los cargos que se les imputan se relacionan con delitos comunes, como la trata de personas, la violación, la explotación de la vulnerabilidad de las personas, actos que son severamente castigados por leyes en todo el mundo.
El organismo judicial también rechazó la lógica de “doble rasero” que caracteriza esta resolución que, en lugar de condenar las agresiones sexuales sufridas por las víctimas, defendió un conjunto de falsedades y alegaciones infundadas.
Asimismo recordó, a este respecto, los avances sustanciales realizados en los últimos años por la justicia marroquí, como la independencia del ministerio público frente al poder ejecutivo a partir de 2017, o el hecho de alzar a la justicia como un poder independiente, consagrado en la constitución de 2011 y formalizado por la creación del CSPJ en 2016; alineando así el sistema judicial marroquí con los más avanzados y rigurosos estándares de independencia, que hasta ahora algunos países europeos todavía han tenido grandes dificultades para alcanzarlos.
Finalmente, el Consejo subrayó el apego de los magistrados a su independencia así como su compromiso de preservar los derechos y libertades y garantizar las condiciones de juicios justos, como un deber constitucional, legal y moral y destacó su determinación de actuar constantemente para la preservación de
la independencia de la justicia y su inmunidad contra toda forma de injerencia y
presión extranjera, cualquiera que sea, de conformidad con la Constitución y la ley orgánica del Consejo.
